Buriticá se convirtió en el epicentro del conflicto minero en Antioquia. Zonas de conflictividad “tradicional” ligada a la actividad minera, como el municipio de Segovia en el Nordeste Antioqueño, parecen haber pasado a segundo plano tras los acontecimientos que han tenido lugar en el municipio desde el 2013. Aunque la problemática ha sido presentada por las autoridades nacionales, departamentales y locales como de orden público, se puede dar cuenta de un problema más complejo que pasa por el modelo económico del país, la posición frente a la extracción y el aprovechamiento de los recursos naturales, las concepciones de soberanía que se tejen en las facilidades y barreras que se imponen selectivamente a unos y otros actores y en los choques culturales que implican los cambios de vocación económica, y con ello, de prácticas sociales.

 

La informalidad y la soberana cuestión de la soberanía

 

El principal punto de quiebre en esta problemática son las constantes intervenciones que hace la Policía Nacional en algunas zonas del municipio para desalojar a los mineros que ejercen la minería de hecho (es decir, sin título), y que son considerados por el Estado como ilegales. Esta condición de ilegalidad da pie para que su labor sea interrumpida constantemente, ya sea por orden de la administración municipal, o de la Continental Gold, que es quien extrae de forma reglamentada.

 

“Las economías informales hacen referencia a las actividades productivas que contribuyen al Producto Interno Bruto de un país, pero son desarrolladas por firmas, trabajadores o individuos que evaden el pago de impuestos y demás contribuciones que permiten su registro y control”, según los profesores Jorge Giraldo y Juan Carlos Muñoz, de la Universidad Eafit. Es decir, haciendo relación con el caso concreto de Buriticá, los mineros que están desarrollando su labor obviando las cuotas que por ley deben aportarse al Estado, al menos en teoría, son los informales.

 

Pero esto tiene unas causas que también son señaladas claramente por los autores. Para ellos son tres: la incapacidad que padece el Estado para vigilar y controlar todas las actividades económicas, los costos de entrada a las economías formales y lo que ellos llaman “la informalidad intrínseca a la cultura” que se explica por la descreencia que tienen algunas personas o comunidades frente a la figura del Estado.

 

Sin embargo, a pesar de que estas personas cumplen con los criterios definidos por los autores para ubicarse en el marco de la economía informal, en la realidad, son tratados como ilegales, y esto se explica desde la Ley 1382 de 2010, o Código de Minas, que los criminaliza.  Esta ilegalización impide un tratamiento integral de la problemática por parte del Estado, y lo limita a la represión de actividades económicas informales.

 

En Buriticá, son principalmente dos las dinámicas que generan la informalidad en la explotación del oro. La primera es la que se refiere a la imposibilidad del Estado de controlar la economía de la región. El Occidente es la región con los más altos niveles de pobreza en Antioquia por sus pocos recursos –tanto humanos como de infraestructura– para la atención en salud y el desarrollo educativo. Además, Buriticá es un municipio en el que el Estado ofrece muy pocas alternativas de ocupación.

 

Y por si fuera poco, ahora que hay un boom de exploración y explotación de oro, las políticas que regulan esta actividad en lugar de fortalecer la mano interventora del Estado, opta por ceder el control de la explotación de los recursos a empresas las extranjeras como la Continental Gold. Esta legitimidad política que recibió la empresa desde que se le otorgó el título minero dejó por fuera la posibilidad de que las pocas personas que ejercían la minería de forma tradicional en el municipio se quedaran sin la posibilidad de seguir haciéndolo, por lo menos de manera legal.

 

A esto le sumamos que en las montañas donde la Continental emplazó sus máquinas ya no estaban solamente los mineros tradicionales nacidos allí sino que también se empezaron a instalar personas llegadas de los municipios vecinos y de otras regiones del departamento donde el oro ha sido más trabajado, lo que resulta es una amalgama de intereses alrededor de los recursos naturales que van desde la necesidad de alimentarse hasta los deseos de riqueza. Todo eso mediado por la autoridad, que en este caso está asociada tanto al título minero de la Continental, como a la ley que la respalda.

 

La segunda causa son los altos costos que tiene el proceso de formalización para los pequeños mineros. Esto genera informalidad, sobre todo, en el caso de las personas que tradicionalmente han explotado algunas bocaminas y no cuentan con la capacidad económica suficiente para solventar los requisitos de formalización. A esto se le suman las limitaciones que pone la ley para que se lleve a cabo el proceso. Según Giovanni Caro, director de fiscalización de la secretaría de Minas del departamento de Antioquia, hoy únicamente pueden entrar a la legalidad los mineros que iniciaron el proceso de formalización con la ley 1382 de 2010. Quienes no estén, ya no tienen esa posibilidad. Pero entonces, ¿queda alguna alternativa? Sí. La solución es pedirle permiso a las multinacionales.

 

Giovanni, director de fiscalización de la Secretaría de Minas de Antioquia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de mayo de 2014, siete organizaciones de pequeños mineros se formalizaron para explotar en predios del título de la Continental Gold. Esta iniciativa, que arropa aproximadamente a 300 mineros, busca generar condiciones de coexistencia con la empresa. Aún más, se da como forma de subcontrato, pues la formalización implica, si se quiere, una forma de tercerización dentro del título de la Continental. Los mineros ganan en garantías sociales y de seguridad, pero el problema de la soberanía sobre el territorio sigue irresuelto. El mensaje que se envía con estas soluciones salomónicas es que las personas que ejercen la minería lo pueden hacer legalmente, si y solo si, tienen el acompañamiento y asesoría de una empresa multinacional, y no en condiciones de autonomía.

 

Esta situación se define en gran medida por cómo se mueve la economía de la región. En palabras del profesor de la Universidad Eafit Adolfo Eslava, “en municipios pequeños la dinámica económica está íntimamente ligada con la dinámica política, van de la mano. Y cuando digo que van de la mano, me refiero a la inversión minera, o a que la dinámica minera está reflejada en la política. Algún concejal que representa mineros, el alcalde tiene que conversar con mineros, y cuando digo conversar puede ser amablemente o menos amigablemente”.

 

En Buriticá, que es un municipio con muy poca experiencia en la explotación del oro a gran escala, cuando la economía experimenta un cambio tan drástico, se generan dinámicas que determinan la forma en que se administra el poder. Por un lado está el Gobierno Nacional que es quien maneja los dineros generados por las regalías. Esto se convierte en muchas ocasiones en una herramienta para engrosar el caudal electoral en los territorios mineros. Otros de los actores son los políticos regionales que buscan su lugar en las cadenas explotación, bien sea estableciendo relaciones de ‘tú a tú’ con los mineros, o logrando beneficiarse por proyectos de inversión de regalías.

 

 

Tierra de oro: tierra de conflictos

 

La presencia de grupos armados complejiza los conflictos en torno a la minería. Occidente hace parte de uno de los corredores más estratégicos para el tráfico de estupefacientes en el país: la vía al mar. No en vano, la Policía confirma la presencia de la banda criminal ‘Los Urabeños’ en la región. Aunque también hay influencia de los frentes 5to y 34 de las Farc, no es ésta guerrilla el centro del conflicto en la zona.

 

Una cosa es hablar de ‘minería ilegal’, pero otra es hacerlo en zonas de presencia de grupos armados. Parte del tratamiento que han dado las autoridades a la problemática de Buriticá tiene que ver con la asociación directa que se hace entre la actividad minera informal y la presencia de ‘Los Urabeños’ por medio de control territorial, económico y presión armada. En efecto, la extracción aurífera se ha convertido en una fuente de financiación alternativa al narcotráfico en todo el país para este tipo de actores armados. En palabras de Giraldo y Muñoz, “Los altos retornos del oro, la alta informalidad del proceso productivo, la compleja licitud de la mercancía y su comercio, y la coincidencia territorial (al menos entre la coca y el oro en Antioquia), han hecho de la minería del oro un sustituto perfecto para la actividad ilegal”.

 

Pero esto no significa que los mineros informales sean miembros de las bandas criminales ni que convivan con ellos como parte de un acuerdo de voluntades. Por el contrario, esto manifiesta la vulnerabilidad de éstos frente a la coacción armada ilegal y a la dificultad que tiene el Estado para enfrentar efectivamente estos grupos. De hecho, los mineros informales se quejan del hecho de tener que pagar vacunas o pedir permiso a sujetos “innombrables” para poder conseguir su sustento.

 

Los mineros de Buriticá han participado de los paros mineros que, desde el año pasado, se han realizado de manera articulada en el país junto con los paros de carácter agrario. Sobre éstos paros, las autoridades nacionales y regionales también han dicho que hay intereses de grupos armados, especialmente de las guerrillas. No solo por medio de la ley sino también en el discurso oficial, las actividades de pequeña minería han sido criminalizadas y estigmatizadas. En el fondo, los mineros son víctimas de la falta de planeación y control del Estado colombiano sobre sus recursos.

 

Pero el conflicto en torno a la minería va mucho más allá de las armas y las picas. Sobre todo son conflictos de carácter social. Buriticá y sus habitantes han quedado en medio de la conflictividad. Por su condición de informalidad, los pequeños mineros no cuentan con condiciones de seguridad social. Pero la presión del aumento poblacional ha llevado a que toda la población se vea afectada, por ejemplo, por la incapacidad de cobertura del hospital frente a situaciones de emergencia. Así mismo, la capacidad de las escuelas se ha visto sobrepasada por el aumento de niños y jóvenes en edad escolar.

 

También la convivencia se ha visto afectada en sus manifestaciones más cotidianas. Las costumbres de los mineros llegados de otras regiones han llegado para romper la tranquilidad de un pueblo que, según sus habitantes, era más bien callado y solitario. Ahora todos los días parecen domingo de fiesta, y el parque principal de Buriticá se ha visto “invadido” por otras formas, otros fenotipos, otras costumbres. Esto se refleja además en el aumento de riñas callejeras, de motocicletas, de música hasta altas horas de la noche. Pese a la carga estigmatizante que pueda significar esta afirmación sobre el municipio del Nordeste, Buriticá se está convirtiendo en una pequeña Segovia.

 

Es difícil determinar cuántas muertes más se vayan a generar en Buriticá, tanto por las condiciones de riesgo en que trabajan los pequeños mineros como por los enfrentamientos con la fuerza pública. Lo cierto es que Buriticá sirve como una alarma temprana para establecer controles sobre la minería en general, y no solo sobre los pequeños mineros. La intervención de las autoridades de gobierno ha sido lenta y escalonada, pero puede ser más asertiva, por lo menos mientras el país logra llegar a un acuerdo sobre el significado de la extracción aurífera para su crecimiento económico y para su modelo de sociedad.